Heredar puede ocasionar graves problemas económicos y llevar al borde de
la ruina a los presuntos agraciados. Éste está siendo el caso de dos
jóvenes malagueños, uno de ellos menor de edad, que están pasando un
auténtico calvario porque la Junta de Andalucía les reclama 137.000
euros en concepto de impuesto de sucesiones y no tienen liquidez para
hacer frente a ese abono.
La historia es la siguiente. Alejandro Rico y su hermano Jorge
perdieron a su padre y a su madre, víctimas de dos fulminantes
enfermedades, en apenas cuatro meses en 2010. Alejandro, de 27 años, era
mayor de edad y su hermano, que entonces tenía 14 años, quedó al
cuidado de su abuelo. "No esperábamos ese desenlace y mis padres no
tenían hecho testamento, pero sí un documento de últimas voluntades en
el que se decía que nosotros éramos los herederos", apunta Alejandro.
Su padre era constructor. Tenía una empresa a medias con otro
socio que, según Rico, "ahora está paralizada" y había recibido como
pago de las promotoras, en lugar de dinero, cinco viviendas en Sevilla,
Granada y Málaga.
Esos inmuebles han pasado a ser propiedad de sus hijos. Nadie
duda de que es una gran herencia, si bien en estos momentos es más un
problema que un premio. La Junta de Andalucía ha reclamado a los
herederos 137.000 euros como impuesto de sucesiones y los jóvenes no lo
pueden pagar. La solución sería vender uno o dos inmuebles, pero en la
coyuntura actual es casi imposible deshacerse de ellos. "Tenemos todos
los pisos a la venta a la desesperada, pero no se vende ninguno", afirma
Alejandro. Dos de ellos están alquilados, aunque la renta que obtienen,
teniendo en cuenta que de ahí hay que descontar el Impuesto de Bienes
Inmuebles y otros costes, no les llega.
Alejandro trabaja como profesor en Murcia y cobra 1.600 euros al
mes. Su hermano está estudiando y recibe una pensión por orfandad de
172 euros mensuales. Tras exponer su situación a la Junta de Andalucía
han conseguido que le amplíen a tres años el tiempo para pagar esos
137.000 euros. Sin embargo, eso no ha supuesto un alivio especial ya que
tienen que abonar 3.800 euros mensuales. Alejandro debe pagar 2.723
euros al mes y a su hermano, menor de edad, y a su abuelo, como tutor,
la Junta le reclama el resto. "Nosotros no tenemos dinero para pagar
eso. Tenemos casas, pero no tenemos liquidez", señala agobiado el mayor
de los hermanos, quien ha tenido que pedir ayuda al resto de familiares.
Han realizado un primer pago pero no tienen capacidad económica
para seguir haciendo frente al coste cada mes. Han buscado a un abogado,
Juan Ignacio Domínguez, pero hay poco que hacer. Este letrado señala
que la ley es así -el impuesto contempla un gravamen del 7,65 al 36,5%
en función del patrimonio que se herede- y advierte que, si no se hacen
los ingresos, la Junta de Andalucía pone un 20% de recargo e intereses
de demora. Posteriormente se declararía el embargo de la nómina de
Alejandro y, en último lugar, del inmueble ya que el Gobierno regional
prefiere dinero líquido a viviendas.
Fuentes de la Junta de Andalucía destacan a este diario que,
aunque el Impuesto de Sucesiones está en plena vigencia, "se ha avanzado
en los últimos años y se está estudiando cómo mejorarlo". Desde el
gobierno autonómico subrayan que el 80% de los herederos ya no tributan
por este impuesto, pues solo lo hacen aquellas personas que reciben un
patrimonio superior a 175.000 euros. En un principio el mínimo era de
15.000 euros, posteriormente pasó a 125.000 euros y desde 2010 se ha
fijado en esos 175.000 euros. También destacan que, en el caso de
viviendas, se contabiliza el valor catastral, que es inferior al de
mercado.
"No tiene razón de ser. Tenemos el marrón de perder a nuestros
padres y encima nos encontramos con esto. Ahora entiendo por qué la
gente se tira por el balcón y se suicida", lamenta este joven, al que le
duele sobremanera que le exijan 1.000 euros al mes a su hermano y su
abuelo cuando uno está estudiando y el otro está jubilado. Un herencia envenenada que se une al dolor de quedarse huérfanos en un mismo año.