Exhumación de una fosa común en el cementerio de Santo Toribio de Teba (Málaga) en mayo de 2012. / GARCÍA-SANTOS
España se examinó los pasados 5 y 6 de noviembre, por primera vez, ante el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada que, tras evaluar el informe presentado por la embajadora española ante Naciones Unidas Ana Menéndez Pérez y los abogados del Estado, así como entrevistar entre otros al exjuez Baltasar Garzón, ha emitido hoy su dictamen. El informe final del organismo internacional expresa su preocupación por el desamparo de las víctimas del franquismo e insta al Gobierno a "cumplir su obligación" de buscar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura, para lo que recomienda al Ejecutivo de Mariano Rajoy que asigne "los recursos de personal, técnicos y financieros suficientes". Actualmente no existe ninguna partida presupuestaria para esta tarea.
Los argumentos esgrimidos por los abogados del Estado españoles sobre la imposibilidad de investigar esas desapariciones debido a la muerte de los responsables, la prescripción del delito y la ley de amnistía no han convencido a la ONU. "El Comité insta al Estado a que vele por que los plazos de prescripción se cuenten efectivamente a partir del momento en que cesa la desaparición forzada, es decir, desde que la persona aparece con vida, se encuentran sus restos o se restituye su identidad. Asimismo, lo exhorta a que asegure que todas las desapariciones forzadas sean investigadas de manera exhaustiva e imparcial, independientemente del tiempo transcurrido desde el inicio de las mismas (...) y a que se adopten las medidas necesarias, legislativas o judiciales, con miras a superar los obstáculos jurídicos de orden interno que puedan impedir tales investigaciones, en particular la interpretación que se ha dado a la ley de amnistía".
"Los presuntos autores", añade la ONU, "deben ser enjuiciados y, de ser declarados culpables, sancionados de conformidad con la gravedad de sus actos", y las víctimas deben recibir "reparación adecuada".
El Comité de Naciones Unidas contra la desaparición forzada también insta a España a colaborar "en todo lo necesario" con las autoridades de otros países que estén investigando estos casos, como ocurre ahora en Argentina. La juez de Buenos Aires María Servini de Cubría ha solicitado la extradición de dos acusados de torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy el Niño, pero España todavía no ha respondido a esa petición ni ha detenido a los imputados.
Naciones Unidas manifiesta también su inquietud por el escaso alcance de la ley de memoria histórica que hace recaer en los familiares de las víctimas las tareas de localización e identificación de sus desaparecidos cuando la "la búsqueda de las personas que han sido sometidas a desaparición forzada y el esclarecimiento de su suerte son obligaciones del Estado". El Comité de la ONU insta a España a considerar la creación de "un órgano específico" encargado de la búsqueda de estas personas. La cifra que el exjuez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón expuso durante su intervención ante el comité asciende a más de 150.000.
Finalmente, el Comité invita a España a constituir una comisión de la verdad con expertos independientes que investigue las violaciones de derechos humanos cometidas durante el franquismo. Así lo había solicitado también Garzón durante su intervención en la ONU.
La ONU ha dado a España un plazo de un año, "a más tardar el 15 de noviembre de 2014" para informar al Comité de si ha hecho caso a tres de sus recomendaciones: la de adoptar las medidas necesarias para dejar sin efecto la ley de amnistía e investigar las desapariciones forzadas cometidas durante el franquismo; la de eliminar en la futura reforma de la ley de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada y la de dotar de recursos económicos, técnicos y de personal la tarea de búsqueda de desaparecidos. Para el resto de sus recomendaciones, el Comité da a España un plazo de seis años.
El Comité contra la Desaparición Forzada es un organismo de la ONU formado por expertos independientes encargado de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional sobre Desapariciones Forzadas, que 40 Estados, entre ellos España (2010), han ratificado. El artículo 29 de la convención obliga al Gobierno a informar periódicamente al Comité de qué medidas ha adoptado para cumplir con las obligaciones contraídas al ratificar la Convención (que se publicó en el BOE el 18 de febrero de 2011).
"No se trata de mirar al pasado con revancha. La verdad es reparadora. Y no solo para las víctimas, sino para la sociedad entera. Cuando hay una contradicción entre la justicia y el derecho, debe prevalecer la justicia", ha explicado a EL PAÍS el encargado de redactar el informe sobre España, el uruguayo Álvaro Garcé García y Santos.
Garzón: "No es una cuestión del pasado, es del presente, ahora"
"No tiene sentido que España emita un informe sin hacer mención al mayor número de desapariciones forzadas que existen en nuestro país como es el número de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, más de 150.000 personas respecto de las cuales no ha habido respuesta judicial ni de reparación alguna ante la escasez del ámbito de aplicación de la ley de memoria histórica", ha declarado Garzón. "España está obligada ineludiblemente a investigar estos crímenes. Esta cuestión no es del pasado, es del presente, es de ahora".
El exmagistrado de la Audiencia Nacional recordó cómo la sentencia por la que el Tribunal Supremo le absolvió del delito de prevaricación por su investigación de los crímenes del franquismo primero, y el posterior auto del 28 de marzo de 2012 de la misma sala habían "cerrado" totalmente la posibilidad de investigar estas desapariciones en España. "La jurisprudencia no es ley", pero para Garzón ambas resoluciones judiciales actuaban como una amenaza, un aviso a navegantes: "nadie va a desatender el mensaje claro, contundente, del Supremo, si no quiere asumir unas consecuencias nada deseables para un juez". Por eso, ha añadido, no hay en España ninguna investigación abierta sobre estos crímenes.
Amnistía Internacional celebra el dictamen de la ONU
Amnistía Internacional, a quien el Comité invitó a Ginebra para opinar sobre el caso español, celebra el dictamen de la ONU, que apoya sus posiciones: "El Comité da un paso importante tanto para España como para el resto de países ya que reconoce su competencia para formular recomendaciones a los Estados sobre desapariciones forzadas cometidas en el pasado", ha declarado Ignacio Jotvis, el enviado de la organización a Ginebra para el examen a España el pasado 5 de noviembre. El informe que el Gobierno presentó el primer día de su evaluación negaba al Comité de Naciones Unidas la competencia para exigirles nada sobre desapariciones producidas antes de la entrada en vigor para España de la Convención contra las Desapariciones Forzadas, el 23 de diciembre de 2010.
Amnistía Internacional espera que "todas las autoridades españolas, incluidas las judiciales" adopten a partir de ahora las recomendaciones de la ONU.
Las víctimas piden al Gobierno una disculpa y que deje de "mirar para otro lado"
También la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) ha celebrado la decisión de Naciones Unidas. "El Gobierno español non puede seguir mirando para otro lado y negar a las víctimas de la dictadura sus derechos. Debería disculparse públicamente con ellas por haberlas maltratado", afirman en un comunicado.
"Desde que en el año 2000 se exhumara la primera fosa de víctimas de la dictadura con técnicas científicas hasta hoy el Gibierno ha incumplido gravemente sus deberes humanitarios hacia las miles de familias que tienen un ser querido desaparecido". "Estos años de espera para las víctimas han sido una forma de maltrato, de ser ignoradas por un Estado que para unas violencias garantiza la verdad, la justicia y la reparación porque les interesa electoral y políticamente y para otras, como las de la dictadura, ni siquiera la mínima ayuda humanitaria para poder dar sepultura a sus seres queridos", añaden.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica acusa al Gobierno de haber denegado el auxilio a las víctimas del "delito más grave y terrorífico que se puede cometer contra un ser humano: detenerlo ilegalmente, torturarlo, asesinarlo y esconder su cadáver para extender el dolor de su familia en el espacio y en el tiempo".